Cada vez que aparece un nuevo caso de corrupción en España, el debate suele centrarse en las personas implicadas, las consecuencias políticas o las responsabilidades judiciales.
Sin embargo, la pregunta más útil probablemente sea otra:
¿Qué hacen los países que consiguen prevenir mejor la corrupción?
Dinamarca ofrece un caso especialmente interesante. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparency International obtuvo 90 puntos sobre 100, situándose nuevamente entre los países con menor percepción de corrupción del mundo. España, por su parte, obtuvo 56 puntos, quedando por debajo de la media de los países europeos mejor posicionados.
La diferencia no se explica por una única ley ni por una característica cultural concreta.
Lo que distingue a Dinamarca es la acumulación de mecanismos institucionales que dificultan los abusos de poder, aumentan la transparencia y facilitan la detección de irregularidades.
Curiosamente, muchas de estas medidas coinciden con recomendaciones que la Comisión Europea y el Consejo de Europa llevan años trasladando a España.
1. Una estrategia nacional anticorrupción clara y coordinada
Uno de los aspectos que más llama la atención al revisar los informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho es que España sigue sin contar con una estrategia nacional anticorrupción plenamente desarrollada.
La Comisión Europea ha reiterado esta recomendación en varios informes consecutivos.
¿Por qué es importante?
Porque una estrategia nacional permite:
- Identificar áreas de riesgo.
- Coordinar administraciones.
- Establecer objetivos medibles.
- Evaluar resultados.
- Asignar responsabilidades concretas.
Dinamarca no basa su actuación únicamente en reaccionar cuando surge un problema. La prevención forma parte de la planificación institucional.
En cambio, la Comisión Europea ha señalado que España continúa dependiendo en gran medida de iniciativas dispersas impulsadas por diferentes organismos sin un marco estratégico común.
Qué recomienda la UE a España:
Desarrollar una estrategia nacional anticorrupción integral con indicadores, seguimiento y mecanismos de evaluación periódica.
2. Más control sobre los conflictos de interés
No toda irregularidad implica corrupción.
En muchos casos el problema comienza antes: cuando una persona responsable de tomar decisiones públicas tiene intereses privados que podrían influir en ellas.
Por eso los países con mejores resultados dedican muchos recursos a prevenir los conflictos de interés.
El GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) lleva años recomendando a España reforzar:
- Las declaraciones de intereses de altos cargos.
- Los mecanismos de supervisión.
- Los controles sobre incompatibilidades.
- La regulación de determinadas actividades posteriores al ejercicio del cargo público.
En Dinamarca, los estándares de integridad pública son especialmente exigentes y existe una fuerte cultura de rendición de cuentas.
Además, los costes políticos y reputacionales derivados de posibles conflictos de interés suelen ser muy elevados, incluso cuando no existe delito.
Qué recomienda el Consejo de Europa a España:
Fortalecer la supervisión independiente de los conflictos de interés y aumentar la transparencia sobre actividades e intereses de altos cargos.
3. Mejor protección para quienes denuncian irregularidades
Muchos de los mayores casos de corrupción conocidos en Europa no fueron descubiertos mediante auditorías rutinarias.
Fueron detectados gracias a personas que decidieron denunciar irregularidades desde dentro de las organizaciones.
Por eso la Unión Europea aprobó en 2019 la Directiva de Protección de Informantes.
Dinamarca la incorporó mediante su Ley de Protección de Denunciantes de 2021, que obliga a numerosas organizaciones públicas y privadas a disponer de canales internos seguros para comunicar irregularidades.
España aprobó una normativa similar en 2023.
Sin embargo, numerosos expertos coinciden en que el reto no termina con la aprobación de una ley.
La verdadera cuestión es garantizar que quienes denuncian:
- No sufran represalias.
- Dispongan de protección efectiva.
- Confíen en el sistema.
La experiencia internacional muestra que proteger a quienes alertan de irregularidades suele ser mucho más eficaz que intentar descubrir todos los casos desde fuera.
Qué recomienda la UE:
Garantizar una implementación efectiva de los sistemas de protección de denunciantes y asegurar recursos suficientes para su funcionamiento.
4. Más transparencia en la contratación pública
La contratación pública es uno de los ámbitos que más preocupan a los organismos internacionales cuando analizan riesgos de corrupción.
La razón es sencilla.
Cada año las administraciones públicas gestionan miles de millones de euros en contratos, concesiones y adjudicaciones.
Por ello, la Comisión Europea considera la contratación pública como una de las áreas prioritarias de supervisión.
Dinamarca ha apostado durante años por procesos altamente digitalizados y sistemas que facilitan la trazabilidad de las decisiones administrativas.
La idea es simple:
Cuanto más fácil resulta seguir el recorrido de una decisión pública, más difícil es ocultar irregularidades.
España ha realizado avances importantes en transparencia y contratación electrónica durante la última década.
Sin embargo, la Comisión Europea sigue señalando la necesidad de reforzar la supervisión y reducir riesgos en determinadas áreas de contratación pública.
Qué recomienda la UE a España:
Incrementar los mecanismos de control y trazabilidad en contratación pública, especialmente en sectores con mayor riesgo.
5. Organismos de control más fuertes e independientes
Otra diferencia importante es la capacidad de supervisión.
Los países mejor posicionados en los índices internacionales suelen disponer de organismos de control con recursos suficientes, autonomía operativa y capacidad para supervisar la actuación pública.
La Comisión Europea y el Consejo de Europa han insistido en la importancia de reforzar la independencia y eficacia de distintos mecanismos de supervisión.
No basta con aprobar normas.
También es necesario garantizar que existan instituciones capaces de comprobar que esas normas se cumplen.
La experiencia internacional demuestra que las leyes funcionan mejor cuando quienes deben supervisarlas disponen de recursos, capacidad técnica y autonomía.
Qué recomiendan los organismos europeos:
Fortalecer los mecanismos de supervisión, dotarlos de recursos adecuados y reforzar la confianza en su independencia.
La principal lección de Dinamarca
Existe una idea equivocada muy extendida: pensar que los países con menos corrupción simplemente tienen ciudadanos más honestos.
Los estudios internacionales apuntan en otra dirección.
La diferencia suele estar en las instituciones.
Dinamarca no ocupa sistemáticamente las primeras posiciones porque haya encontrado una solución mágica.
Lo hace porque lleva décadas construyendo sistemas que:
- Reducen oportunidades de abuso.
- Aumentan la transparencia.
- Detectan problemas antes.
- Protegen a quienes denuncian.
- Exigen responsabilidades con mayor rapidez.
Y quizá esa sea la principal conclusión.
La corrupción no desaparece únicamente cuando se castiga.
Disminuye cuando las instituciones están diseñadas para hacerla mucho menos probable.
Fuentes
- Transparency International, Índice de Percepción de la Corrupción 2024.
- Comisión Europea, Rule of Law Report 2024 y 2025.
- GRECO (Consejo de Europa), informes de evaluación sobre España.
- Directiva (UE) 2019/1937 sobre protección de informantes.
- Ley danesa de Protección de Denunciantes (2021).
- Ley 2/2023 de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (España).
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